La Fiscalía chilena pidió 15 años de cárcel para el carabinero Carlos Alarcón que disparó mortalmente al comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Hecho ocurrido el pasado 14 de noviembre en la conflictiva  región de La Araucanía.  

El Ministerio Público llevará a juicio a ocho imputados por diferentes delitos ligados al caso, y presentará más de 70 testigos, entre ellos el ministro del Interior, Andrés Chadwick. El fiscal jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de Temuco, Roberto Garrido, ingresó en las últimas horas la acusación, la que contiene diferentes medios de prueba que permiten demostrar la dinámica de los hechos en los términos que ha sostenido la entidad. Catrillanca murió de un disparo en la cabeza mientras se desplazaba en un tractor, junto a un menor de 15 años, en la comunidad de Temucuicui, donde vivía, durante un operativo policial contra unos supuestos ladrones de automóviles.

Garrido explicó que hay «pruebas periciales que demuestran las trayectorias balísticas, prueba testimonial que da cuenta de que no existió un ataque contra los funcionarios de Carabineros». Indicó que los disparos que se realizaron contra el tractor y sus ocupantes pueden ser calificados como homicidas, y que existen evidencias que demuestran que existieron malos tratos en contra del adolescente que acompañaba al mapuche asesinado.

En un vídeo difundido por un canal de televisión a fines del 2018, se escucha alrededor de una docena de disparos de los carabineros contra el tractor de Catrillanca, sin imagen alguna de un enfrentamiento. La cinta «ratifica que no hubo un enfrentamiento previo, que el tractor no se cruzó en la línea de fuego y demuestra también que hubo una estrategia planificada para el ocultamiento de los hechos y obstruir la investigación», señaló en su oportunidad el fiscal Garrido.

La Fiscalía solicita para el sargento en retiro Carlos Alarcón, acusado de matar a Catrillanca, 10 años y un día de cárcel por el delito de homicidio simple consumado y cinco años de presidio por homicidio simple frustrado, vinculado con los apremios del excarabinero contra el menor que acompañaba al comunero en el tractor en el momento del suceso.

Para Raúl Ávila, acusado de haber destruido la tarjeta de memoria de una de las cámaras policiales, se piden cuatro años de presidio por apremios ilegítimos contra el menor, tres años y un día más una multa por infidelidad en la custodia de documento, además de 300 días y otra multa en dinero por obstrucción a la investigación.

Para los otros seis imputados, entre ellos el abogado Cristián Espinoza y un coronel en retiro Jorge Contreras, las penas oscilan entre 300 días de presidio y multas en efectivo. En los últimos años el conflicto mapuche ha derivado en brotes de violencia en los que han muerto una veintena de personas, entre comuneros, policías y agricultores, mientras varias decenas de mapuches han sido procesados y condenados por diversos delitos.

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